¿Golpe o contrarrevolución en #Bolivia?

Nicolás Lynch

Una visión histórica más amplia

Los acontecimientos en Bolivia continúan suscitando una fuerte controversia sobre las formas en que el poder político puede cambiar (Arato, Peruzzotti y Avritzer). El llamado “gobierno de transición” de Jeanine Añez afirma legitimidad por haber depuesto a un dictador, mientras que el gobierno derrocado del presidente Evo Morales dice que ha sido víctima de un golpe de estado.

En primer lugar, creo que se trata principalmente de una discusión política sobre un modelo de desarrollo de la democracia, en lugar de un debate técnico sobre cómo funcionan algunas instituciones democráticas liberales. Lo que está en juego en Bolivia es una fuerte disputa por el poder, en el sentido más amplio de la palabra, que tiene una larga historia detrás de él y que tuvo un punto de inflexión decisivo con la victoria de Evo Morales en 2006 y la aprobación de una nueva constitución en 2009.

El objetivo de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo fue siempre lograr un cambio , para alejarse de la democracia precaria, producto de la transición de los años ochenta, hacia una democracia SOCIAL, reivindicando así a la mayoría de los bolivianos  e incluyendo sus antiguas tradiciones comunales. Para ello, aprobó en una Asamblea Constituyente y llevó adelante un diseño democrático que combina la participación con la representación, es decir, buscó establecer una nueva hegemonía, diferente y alternativa a la anterior que había dominado Bolivia durante la mayor parte de su historia republicana.

No era  un cambio violento, sino más bien democrático y debido a su alcance, debe ser visto como un cambio revolucionario. Es diferente, por supuesto, a las revoluciones de tipo bolchevique, porque no implica la eliminación de aquellos que serían enemigos después de la victoria política, sino que se presenta un sistema plural en el que la oposición se concibe como un adversario. Aquí, en el mantenimiento de la pluralidad política, se encuentra el problema fundamental de este y otros procesos de cambio en América Latina en las últimas décadas.

Esta nueva situación hegemónica, llevada a cabo democráticamente a través de la movilización de base y las elecciones, fue acaloradamente rechazada por sectores sociales retrogrados y su expresión política anteriormente dominante pero incapaz de articular una oposición efectiva debido a las abrumadoras mayorías electorales alcanzadas por Evo Morales. Sin embargo, intentaron levantamientos armados que afortunadamente no tuvieron éxito.

Es dentro de este proceso de cambio de hegemonía que surge el tema de la reelección presidencial, que no solo es boliviana sino también similar a los otros procesos de cambio en América Latina. Aquí tenemos el problema del caudillo, que, con todas las fortalezas y debilidades, ha sido esencial en liderar las distintas propuestas de transformación. Este es el papel de Néstor y Cristina Kirchner, Lula, Chávez, Correa, Pepe Mujica y Evo Morales; no es una coincidencia que todo esto ocurriera dentro de un período histórico como una respuesta a la necesidad de liderar varias coaliciones hegemónicas que tienen como objetivo transformar sus países. Una necesidad, es cierto, que surge de la debilidad institucional, especialmente grave en Bolivia.

En 2017, Evo Morales lleva a cabo una maniobra política para lograr una reelección que la Constitución de 2009 había prohibido y contra la cual el pueblo boliviano se manifestó en un referéndum en 2016. Para esto, recurre al Tribunal Constitucional indicando que si se le impide postularse, sería una violación de su derecho a la participación política. La legalidad de esta resolución es controvertida, la oposición la califica como una violación constitucional emitida por un tribunal controlado por Morales. Sin embargo, la propia Organización de los Estados Americanos (AOS) no obstaculiza la participación de Morales en el proceso electoral.

Luego vienen las elecciones que, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, Morales gana por más de diez puntos (46% a 36% aproximadamente). Y nadie, ni siquiera la propia OEA, pudo identificar que había habido fraude en un informe que tardó más de un mes en emitirse. En estas circunstancias, después de movilizaciones violentas de la oposición y múltiples amenazas a los partidarios del gobierno, contamos con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia para obligar a Evo Morales a abandonar su cargo. Aprovechando este vacío de poder, Jeanine Añez, una señora de un partido de derecha, que obtuvo el 4% de los votos en las elecciones anteriores, se declara presidenta.

¿Qué tenemos aquí? Sin duda un golpe de estado contra un Presidente elegido democráticamente, cuyo mandato iba a terminar a finales de enero de 2020. Está claro que, por muchas maniobras políticas que hiciera, no era un dictador, sino un presidente que no sabía cómo manejar las relaciones con su oposición, hasta el punto de llevar la situación a una polarización inmanejable. Pero este no es el problema subyacente. El problema es el de una contrarrevolución, que hoy se expresa como un golpe de Estado, pero que tiene como objetivo detener la transformación desarrollada por Morales y el MAS a partir de 2006.

En estas circunstancias, el futuro inmediato de Bolivia es muy difícil. El objetivo del actual gobierno es proscribir a MAS y a Evo Morales de la participación en la política boliviana. El primero invalidaría cualquier proceso electoral y sin duda será difícil de lograr. Este último, más allá del hecho de que Morales no se presente en las próximas elecciones, ya se está implementando a través de la persecución política iniciada por el gobierno de Añez y que impide a Morales hacer política dentro de Bolivia.

Por lo tanto, no se trata simplemente de lograr una transición negociada para pasar a las próximas elecciones, sino de una estrategia para desmantelar la correlación político-militar de la extrema derecha que se opone a la transformación de Bolivia en un régimen democrático donde se respete el voto de la mayoría.

 

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